Familiares de desaparecidos irrumpen en Congreso de NL; diputado del PRI se escabulle

Luciano Campos Garza/Proceso

20 de julio del 2012
MONTERREY, N.L. (apro).- Familiares de desaparecidos irrumpieron esta tarde en el edificio del Congreso estatal para exigir a los diputados que tipifiquen el delito de desaparición forzada, como lo han solicitado desde el año pasado.

Unas 30 personas, entre allegados a las víctimas y activistas, inicialmente fueron contenidos en la periferia de la sede legislativa a las 10:30 horas, donde policías estatales colocaron vallas para evitar que entraran al lugar.

Los encargados de vigilancia del recinto señalaron que la semana pasada los mismos inconformes se introdujeron indebidamente al sitio, por lo que para esta ocasión les fue vedada la entrada donde sesionaba la diputación permanente.

Los manifestantes pidieron hablar con el diputado Heriberto Cano, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, a quien los activistas acusan de ser el responsable de revisar la iniciativa de ley.

Sin embargo, cerca del mediodía, al terminar la sesión, el priista se escabulló por una puerta lateral sin encarar a los inconformes.

La presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, comentó que enviaron como interlocutor al jefe de seguridad del edificio. De igual manera pasaron frente a ellos algunos diputados, con los que optaron por no hablar.

“Lo que nos indigna y nos irrita es el maltrato del que son objeto los familiares. Dice el diputado Cano que no tiene por qué atendernos, y hombre, además de desdeñoso, ignorante, como si no fuera representante de nosotros”, se quejó.

La hermana Consuelo denunció que los guardias les impidieron ingresar hoy al recinto, pretextando que la semana pasada iban a agredir al diputado Cano, al que abordaron, rodeándolo.

“A mí también cuando me entrevista todos me rodean y no me siento agredida. Fue igual con el diputado Cano. El reglamento del Congreso dice que las sesiones son públicas y que una persona que se comporte de manera inapropiada puede ser retirada, pero no le deben impedir la entrada a nadie”, dijo molesta.

Activistas y familiares buscan desde el año pasado que sea tipificado en el Código Penal estatal el delito de desaparición forzada, que ya está inscrito en la legislación federal pero que requiere la aprobación de cada entidad.

Morales explicó que para que haya desaparición forzada deben cumplirse tres causas: que una persona haya sido detenida, que en el hecho esté involucrado un funcionario público de cualquier nivel y que nieguen revelar el paradero de la víctima.

Hasta ahora, en Nuevo León la figura jurídica equivalente es la privación ilegal de la libertad, que no tiene los alcances jurídicos acordes a la gravedad del delito, acusó.

La activista reiteró que parece que las autoridades de Nuevo León buscan protegerse, pues es inexplicable que desde el año pasado especialistas de Naciones Unidas, junto con representantes de derechos humanos y diputados locales, analizaran la ley y dieran la bienvenida a su viabilidad.

Morales también acusó al diputado priista César Garza –quien se retiró del cargo para ser candidato ganador a la alcaldía de Guadalupe– de burlarse de los familiares, pues se había comprometido a impulsar la ley.

Al final, dejó los avances tirados para dar el “chapulinazo” a la alcaldía, recordó la presidenta de Cadhac.

Sólo esta organización tiene documentados 255 casos de desaparecidos en la entidad.