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miércoles, 23 de enero de 2013

México, el paraíso de los políticos


El inepto de Valdéz Zurita, con su sonrisita de "usted disculpe"
Pues como muchos saben, el IFE ya aceptó que, en efecto (como algunos locos venimos diciendo desde hace meses), el PRI sí cometió algunos delitos electorales. Lo acepta ahora que Peña Nieto ya está sentado cómodamente en la silla presidencial, y no hay forma legal de quitarlo. Ah, pero eso sí, que el PRI tiemble, porque le va a caer una multa millonaria. Con el pequeño detalle de que esa multa la van a pagar los ciudadanos que pagan impuestos (yo no, eso de pagar impuestos no se me da. Lo que pasa es que no me gusta que usen mi dinero para pendejadas... si de por sí tengo poco, caray). Y mientras el PRI paga y queda re contento (porque, digo, no va a tardar mucho en recuperar el dinero "perdido" por la multa. Cosa de robar un poquitín del presupuesto público, ni que no lo hubieran hecho ya por 70 años), nosotros con nuestra cara de idiotas. 

Ya mejor me entretengo en cosas más productivas que quejarme. Miren, pa que no anden diciendo que nomás hablamos mal de México y afectamos el turismo con tantas cifras de decapitados y pobres y mujeres muertas y esas cosas que seguro no pasan y son puros inventos de los mensos de izquierda, ahí les va un comercial que promueve la belleza de nuestra bonita nación:

Político o gobernante del mundo... ¿Cansado de que su pueblo no lo deje gobernar? ¿Harto de toda esa “democracia participativa” estúpida e inútil exigida por los ciudadanos de su país? ¿No pudo ganar la presidencia porque fue descalificado por hacer trampa?

No desespere, los creadores de “Democracia representativa moderna” (esa que ha funcionado tan bien en países como España o Grecia), le traemos la solución: ¡Visit Mexico! (así, en inglés, más caché). En México usted encontrará un paraíso para sus prácticas electorales fraudulentas. Sí, me escuchó bien, usted podrá usar tarjetas Monex para la compra de votos, infestar ciudades con espectaculares y basura, recibir aportaciones ilimitadas de anónimos, usar las televisoras a su favor, y un sinfín de trampas y argucias... ¡Y nadie evitará que usted llegue al poder para robar presupuesto como en kermesse!

Eso sí, quizá el IFE le ponga una multa millonaria a su partido; pero no se preocupe, para ese problema también tenemos respuesta: hemos desarrollado un sistema infalible para que los partidos políticos sean mantenidos por los impuestos de los contribuyentes; de esta forma, quienes terminarán pagando la multa serán en realidad los ciudadanos. Y lo mejor de todo: ¡los muy pendejos ni se van a quejar y le permitirán ser presidente! ¡Sí, aunque usted no lo crea!

(Ah, por cierto, si usted aún no cuenta con partido político, no se preocupe, en cuestión de un día puede registrarlo, para así vivir de viajar por el país besando bebés y dando discursos multitudinarios). Como puede ver, ¡lo tenemos todo all figured out!

Así que, político o gobernante del mundo: ¡Bienvenido a México!

*No aplica restricciones.

Mi twittter: @SidyAsi


viernes, 24 de agosto de 2012

El PRI y su lavadero: Las relaciones con altos mandos financieros.

Jesusa Cervantes
18 de agosto del 2012

Cada día surgen más indicios de una compleja maraña de movimientos financieros irregulares que presuntamente alimentaron los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Hay señales de triangulaciones de dinero del erario mexiquense o inexplicables ganancias de la cadena Soriana. Y aún más, aflora una peligrosa cercanía de funcionarios de Hacienda y del IFE con altos ejecutivos de instituciones bancarias, algunas de ellas bajo sospecha de haberle apostado al candidato priista.

Mientras el IFE mantiene “secrecía” ante las denuncias de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, siguen apareciendo más señales de anomalías en torno al proceso electoral. Es el caso del vínculo entre la Fundación Isidro Fabela, allegada al PRI, y la transferencia electrónica de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México hizo en pleno proceso electoral al particular Marco Antonio González Pak.

Hay más: empiezan a detectarse las estrechas relaciones entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el director de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz, así como las de ejecutivos de Soriana, Banamex, Monex, HSBC (y su antecedente, Bital). A decir de especialistas, esto pone en duda la imparcialidad o apunta hacia una complicidad de las autoridades obligadas a indagar la participación de la banca en el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial del PRI.

Marco Fuentes Franco, encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario y estudioso de la evolución de la banca mexicana, analizó el último estado de cuenta de la cadena de supermercados Soriana –que otorgó las tarjetas prepagadas que presuntamente se usaron para comprar votos en favor del PRI– y detectó que no se justifican las ganancias de 2 mil millones de pesos que tuvo entre abril y junio pasados.

Además recordó que Ricardo Martín Bringas, dueño de Soriana, también forma parte del consejo de administración de Banamex y lo fue de Bital, el banco que antes de ser adquirido por HSBC tenía cuentas millonarias en las Islas Caimán. Igualmente Pedro Dondé Escalante, hoy propietario de Monex, formó parte del consejo de Bital.

La participación indistinta en Bital, HSBC, Soriana, Monex y Banamex de Pedro Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Tricio Haro e incluso Emilio Azcárraga Jean –propietario de Televisa y miembro de Banamex, institución asociada con Soriana para la emisión de tarjetas– hacen al encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario sospechar de una posible complicidad de la banca con el PRI.

El depósito millonario

El viernes 10 el senador Ricardo Monreal Ávila presentó lo que llamó una nueva prueba del presunto fraude electoral del PRI: un comprobante electrónico de pago que hasta ese momento se podía consultar en la página electrónica del Banco de México y que ya fue eliminado –según dijo– y evidenciaba una operación del 19 de junio de 2012 en la que BBVA-Bancomer emitía, por orden del gobierno del Estado de México, un pago de 50 millones de pesos a una cuenta en Scotiabank a nombre de Marco Antonio González Pak.

El gobierno mexiquense rechazó haber hecho esa operación bancaria y de nueva cuenta aseguró que Monreal mentía. Ese día el senador petista reveló que el único dato encontrado de González Pak fue que aparece como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil and Eagle, radicada en Chihuahua.

Así como la triangulación de recursos que han dado a conocer Proceso y otros medios establece diversas rutas para borrar el rastro del dinero que fue a parar al PRI mediante varias empresas, los 50 millones de pesos que según los documentos de Banxico salieron de las arcas mexiquenses se relacionan con la Fundación Isidro Fabela, organismo cultural de corte priista.

Industrias Gil and Eagle S.A. de C.V. se fundó hace 50 años y se dedica “a la fabricación de plataformas, cajas secas y refrigeradas para vehículos, desde una minitruck hasta un semirremolque para tractocamión”, según su página de internet.

El sitio electrónico de la empresa muestra fotografías de las diversas plataformas, paneles o cajas que elabora; sobre distintos camiones, autos o simples ruedas aparecen montados prototipos de anuncios publicitarios o propaganda política. A este tipo de camiones y plataformas las llama “rotabus” y tienen como lema “publicidad en el camino”.

Una búsqueda específica sobre los rotabuses muestra que entre sus principales clientes están el PRI, el gobierno de Chihuahua y empresas privadas. Además, al rastrear el dominio de internet de la empresa se encontró que su “contacto administrativo, técnico y de pago” es Alberto de la Peña Grajeda cuyos apellidos coinciden con los de Santiago de la Peña Grajeda.

Este último es un abogado a quien el 22 de agosto de 2011 Arturo Peña del Mazo, tío de Enrique Peña Nieto, nombró presidente de la recién creada sede chihuahuense de la Fundación Isidro Fabela.

Peña del Mazo es presidente nacional de la Fundación Cultural Isidro Fabela.

A la toma de posesión de De la Peña Grajeda asistieron el presidente del consejo consultivo de dicha fundación, el exgobernador de Puebla Guillermo Jiménez Morales y el actual mandatario de Chihuahua, el también priista César Duarte Jáquez.

Dos días después, De la Peña Grajeda aseguró que no está afiliado a ningún partido político y agregó: “No es ningún pecado, ni algo que debamos esconder, que nuestro presidente nacional sea el ingeniero Arturo Peña del Mazo, quien es tío de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (aún lo era) y un cuadro valioso del PRI”.

Santiago de la Peña ha sido abogado de la representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Chihuahua además de asesor de la Oficina de la Presidencia de la República.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y en particular su secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, han descalificado los documentos de transferencias bancarias del erario local hacia particulares, como esos 50 millones de pesos a González Pak.

En 2009 Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Es hermano de Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones de Pemex, el encargado de mantener en óptimas condiciones los miles de kilómetros de ductos que trasladan por el país la gasolina y el crudo, los que han sido robados por el crimen organizado con más frecuencia este sexenio. También es hermano de Antonio Murrieta Cummings, gerente de administración financiera del corporativo Pemex.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Monex: el banco fuerte del PRI

MÉXICO, D.F. (apro).- El PRI está a punto de regresar a la presidencia, pero no lo hará con un rostro nuevo, sino lavado, pues para ganar la elección presidencial utilizó recursos de procedencia desconocida.

De acuerdo con las denuncias presentadas por el PAN y la izquierda, el Revolucionario Institucional lavó dinero mediante triangulaciones bancarias en varios países, antes de usarlo en México para la compra y coacción del millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto.

Hasta donde se sabe, el PRI utilizó como piedra angular de su trama financiera internacional a una empresa que desde hace más de una década ha sido investigada en España y Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del crimen organizado.

Se trata de la empresa Monex, creada en 1985, en la ciudad de México, por varios personajes de las finanzas, entre ellos Héctor Pío Lagos Dondé, amigo del exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens; de Guillermo Babatz, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de Gerardo Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Otro socio de Monex, convertido hoy en un conglomerado financiero internacional, es Héctor Lagos Cué, acusado en 1980 de cometer un fraude por más de mil millones de pesos en 1980, delito por el que fue internado en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara.

A través de Monex y de algunas empresas fantasma, el PRI obtuvo millones de dólares que usó para comprar las tarjetas y monederos electrónicos que distribuyó días antes de la elección para comprar votos y para pagarle a toda su estructura de representación electoral.

Monex, considerado por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores como uno de los grupos financieros más importantes de América Latina y de “economías emergentes”, tiene gran experiencia en el lavado de dinero si tomamos en cuenta las investigaciones que se han realizado en España y Estados Unidos.

El PRI sabía de esa historia antes de utilizarlo para sus transferencias. También lo sabe el gobierno de Felipe Calderón y seguramente la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 que se abrió en el año 2003, cuando fueron detenidos dos operadores financieros de los Arellano Félix, ese grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas entre 2000 y 2002.

En la misma averiguación se indica que la policía española encontró en 2006 que el Cártel del Valle del Norte de Colombia usó Monex casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas en México– para lavar 78 millones de euros.

En 2007 las mismas autoridades españolas notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también uso Monex para hacer transferencias, mientras que en 2008 el cártel mexicano de los Beltrán Leyva uso este banco para transferir 78 millones de euros.

En otra línea de investigación de 2011, las autoridades de Estados Unidos encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias por 7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, incluida Monex.

Con todo este historial en el blanqueo de dinero de procedencia ilícita, es imposible que las autoridades electorales y judiciales cierren los ojos ante la denuncia que hizo el empresario José Luis Ponce de Aquino por fraude contra integrantes del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Según el empresario de los medios, atestiguó la transferencia bancaria de 56 millones de dólares a supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño”.

El dinero, dijo, se transfirió a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la ciudad de México, a nombre de la empresa “Jiramos”, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña de publicidad de Peña Nieto en Estados Unidos.

Hoy esas revelaciones pretenden ser desvirtuadas y descalificadas por el PRI para que no se tomen en cuenta. Sin embargo, nadie, menos las autoridades, pueden hacerlas a un lado.

Se trata de pruebas claras de que el priista Enrique Peña Nieto no alcanzó a lavar su imagen y que su partido actuó de manera ilegal utilizando dinero de procedencia ilícita, además de que rebasaron los topes de campaña.

martes, 31 de julio de 2012

Y siguen apareciendo nombres del caso Monex


MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el entramado financiero que estableció el PRI para subvencionar la campaña presidencial y con ello ocultar el rebase de tope de campaña establecido por la autoridad electoral, aparece un personaje clave: Rodrigo Fernández Noriega. Fue él quien contactó al propietario de la empresa Inizzio para triangular recursos a través de “juntas de trabajo” en un inmueble del priista Gabino Fraga Mouret, donde también opera la firma Efra.
De la documentación divulgada por el Movimiento Progresista –cuentas, facturas, transferencias vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)–, más la información que ha llegado a la redacción de Proceso, corroborada y ampliada con registros públicos de la propiedad, se desprende que Fernández Noriega hizo un depósito de 3 millones 485 mil 797.49 pesos el 20 de abril último.
Asimismo, cuando solicitó una línea a la compañía de teléfonos dio como referencia la calle Calderón de la Barca número 78, colonia Polanco Chapultepec, CP 11560. En ese lugar tienen su domicilio fiscal Comercializadora Efra, la empresa que pagó a Monex poco más de 90 millones de pesos por miles de monederos “recompensa” utilizados por operadores del PRI en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), propiedad de Gabino Fraga.
En ese domicilio se reunía José Luis Lozada Neyra, propietario de grupo Comercial Inizzio, con Fernández Noriega para establecer las rutas de trabajo, cuándo llegaría el dinero, cómo se distribuiría entre diversas empresas y cómo se repartiría, vía Banco Monex, comentan a Proceso colaboradores de Lozada Neyra, quienes solicitaron el anonimato.
“Las reuniones de trabajo eran en Calderón de la Barca 78. Fernández Noriega, el que asegura que su giro comercial es el de zapatero, tiene ahí su oficina y sabe todo. Ya no está en el país, compró una casa en Isla del Padre, Texas, y se fue para allá, pero en el Club Mundet pueden tener más información, porque es socio de ahí”, detalla uno de los entrevistados.
Protegido por Peña Nieto y reconocidos priistas, el dueño de Inizzio –quien también utiliza el alias de Alejandro Jean Pérez Lizárraga–, tuvo un encuentro dos semanas atrás con sus trabajadores en las oficinas de Sinaloa 84.
“Espantados por la constante aparición del nombre de la empresa en los medios y porque varios de los empleados firmaron documentos, se le pidió orientación (a Lozada Neyra). Respondió que nadie se preocupara, que todo era puro escándalo y nada iba a pasar porque ‘Peña Nieto me protege’, pero después de septiembre todo se va a acabar”, continúa.
Los informantes expusieron también que la semana antepasada Lozada Neyra les comentó que el jueves 26 acudiría a “una junta al IFE para llevar pruebas y con eso zafarme de todo esto”. Dicen que desconocen lo que entregó, si fue a la Unidad de Fiscalización o a otra instancia. “Lo único que sabemos es que todos los documentos que prueban el vínculo entre el PRI con sus empresas Inizzio y Atama fueron sacados de Sinaloa 84 y resguardados en otra de sus empresas.
El especialista
Quienes conocen al propietario de Inizzio y Atama, dos de las empresas que el Movimiento Progresista vinculó en la triangulación de recursos financieros para el PRI, aseguran que hace 20 años era “un simple trabajador de una aseguradora” que decidió cambiar de giro: vender facturas por montos millonarios.
A partir de 1998, Lozada Neyra comenzó a crear empresas con giros variados que incluyen inmobiliarias, oficinas de enajenación de equipos de cómputo, estacionamientos y comercializadoras de textiles.
Además, posee cinco propiedades en la Ciudad de México, la más importante es la de Sinaloa 84, que adquirió en un juicio de embargo. Es un edificio de tres plantas en el cual laboran alrededor de 40 personas y se ubican cuatro de sus empresas: Inizzio, Ambra, Atama y Abastecedora Integral de Cómputo.
En las compañías y los inmuebles, el operador contratado por Noriega Fernández aparece como socio, apoderado o representante legal. En sus casas viven sus exesposas o están a nombre de alguno de sus hijos.
Proceso detectó por lo menos 11 empresas creadas por el “vendedor de facturas”, aunque de acuerdo con sus colaboradores posee por lo menos 15, en las cuales puso como socios a gente que trabaja para él, ya sea en las empresas o en sus propiedades. Uno de los que más se menciona es Juan Carlos Ruiz Guerra, al parecer uno de sus hombres de confianza.
En una de ellas, Ruiz Guerra figura como “representante” de otra empresa: Inmobiliaria Pasatec. Refiere que vive en la calle Ignacio Zaragoza número 18, colonia San Lucas Patoni, Tlalnepantla, Estado de México. El dato cobra relevancia pues los “socios” que figuran en las empresas Inizzio y Atama –uno de ellos es obrero, el otro ya falleció–, pusieron como domicilio la misma colonia Lucas Patoni. Lo anterior hace suponer que Ruiz Guerra fue quien contrató a los socios de Atama e Inizzio.
La lista de las empresas donde figura Lozada Neyra o su alias Pérez Lizárraga son: Ambra, Abastecedora Integral de Cómputo, Comercializadora Ivanova, Grupo Comercial Inizzio, Atama, Ashton Telecom, Comec Quarter, Distribuidora Sheimann, Diseños Artísticos Industriales, Estacionamiento F, así como Inmobiliaria Pasatec.
En esta última, además de Lozoya Neyra y Ruiz Guerra, figura como socia María del Rocío Lozada Neyra, quien es dentista y tiene su propio consultorio llamado Odontología Integral, ubicado en la calle Homero número 136-1004, colonia Polanco, el mismo edificio en el que Banco Monex facturó a Inizzio la compra y recarga de tarjetas “recompensa” utilizadas por el PRI.
En su primera denuncia, el Movimiento Progresista mostró facturas por 91 millones de pesos. El miércoles 18 de julio exhibió otras por 46 millones de pesos.
Inizzio y Atama tienen los mismos socios y fueron dadas de alta el mismo día y ante el mismo notario público. El PRI admitió ya haber contratado a la empresa Alkino Servicios y Calidad para que pagara a “sus operadores” políticos. A su vez, el representante de Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla, reveló el miércoles 25 que él contrató a Atama para la adquisición y pago en tarjetas de Monex.
Lozada Neyra, según sus empleados, es hábil para los negocios. Cada que alguien acude a él, le pide depositar una cantidad en alguna de sus empresas y le expide una factura, por la cual le cobra una comisión de 8%. Al final le devuelve su dinero.
Con ese tipo de operaciones, Lozada Neyra y sus clientes evaden al fisco. Según sus propios empleados, Lozada Neyra gana en promedio 2 millones de pesos al mes. Al parecer, dicen a Proceso los colaboradores del empresario, “para eso lo contrató Fernández Noriega, para que facturara con muchas empresas el dinero del PRI”.
Los Fraga y Peña Nieto
Al principio, el Movimiento Progresista denunció la existencia de facturas que Banco Monex entregó a Grupo Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, las cuales pagaron 141 millones de pesos por la emisión y recarga de tarjetas “lealtad” y “recompensa” (Inizzio 91 millones y Efra 50 millones; el 18 de julio sumó otros 60 millones de pesos facturados por esta última empresa). La primera dio como domicilio fiscal la calle Homero 136-1004, colonia Polanco Chapultepec; la segunda, la calle Calderón de la Barca 78, en la misma colonia.
El vínculo de esas firmas con la campaña presidencial de Peña Nieto surgió al realizar una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad del domicilio de Calderón de la Barca 78. Así se descubrió que el dueño del inmueble ubicado en esa dirección es el abogado de filiación priista Gabino Fraga Mouret, quien durante la gestión de Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Gobernación lo nombró como encargado jurídico de la dependencia.
De acuerdo con el folio 9265089 del Registro Público de la Propiedad, el 10 de mayo de 1991 Fraga Mouret y su esposa, Anne Marle Hilaire de Fraga, compraron la casa de Calderón de la Barca 78. Pagaron por ella 397 millones 925 mil pesos de aquella época. Antonio y Emilio Fraga Hilaire, hijos de la pareja, quedaron como usufructuarios del inmueble.
Dos años antes de esa compra, el 4 de octubre de 1989, Fraga Mouret, Gabino Fraga Peña, Víctor Eduardo Bravo Ahuja Ruiz y Bárbara Castillo Carranza crearon GAP, Asesoría en Proyectos, S.C., un despacho especializado en asesoría jurídica en materia agraria y de bienes inmuebles.
Para abril y junio de 2007 los Fraga solicitaron una fianza de 13 millones 700 mil pesos sobre el inmueble de Calderón de la Barca 78. Como fiador incluyeron a Grupo GAP y como deudores solidarios quedaron Gabino Fraga Peña y Emilio Fraga Hilaire.
La empresa Efra –acrónimo de Emilio Fraga–, reportó como domicilio fiscal a Banco Monex la ubicación de la propiedad de los Fraga; los socios no son ninguno de los abogados de Grupo GAP, sino Gustavo y Moisés Hernández Hernández, quienes residen en la colonia Gertrudis Sánchez 2ª sección, calle Norte 88, número 5608, delegación Gustavo A. Madero.
A pesar de ser los dueños de una empresa que compró más de 60 millones de pesos en tarjetas recompensa a Banco Monex, no son propietarios de la casa donde viven, pues la boleta predial llega a nombre de Antonio Ponce.
Gabino Antonio Fraga Peña fue coordinador territorial de los compromisos de Peña Nieto durante su campaña presidencial, en tanto que Grupo GAP trabajó de 2004 a 2008 en varios proyectos del gobierno mexiquense.
Durante su administración en el Estado de México, Peña Nieto construyó y amplió el Aeropuerto de Toluca. La millonaria obra estuvo a cargo de OHL-México, que es representada por Andrés de Oteyza; también encargó un estacionamiento a la firma HIGA, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y la liberación del derecho de vía de 154 hectáreas, que fue procesada por el despacho de abogados del Grupo GAP.
Y fue justamente en las oficinas de Grupo GAP, en la dirección que ofreció la empresa Efra, donde Rodrigo Fernández Noriega –quien el 20 de abril depositó más de 3 millones de pesos a Monex para la adquisición de las tarjetas que utilizó el PRI–, solía reunirse con Lozada Neyra, dueño de las empresas Inizzio y Atama, que adquirieron las tarjetas Monex.
El Movimiento Progresista únicamente dio a conocer el uso de Banco Monex por parte de Efra, Inizzio, Atama, Koleos, Tiguan y Fernández Noriega. En algunos casos hicieron depósitos a Monex, en otros compraron tarjetas.
Hasta el cierre de edición se desconocía si esas empresas facturaron con otros bancos o hicieron depósitos. Proceso tiene copias de por lo menos 27 números de cuenta en Banamex a nombre de las empresas de Lozada Neyra, Ramón Paz (el obrero que figura como socio de Inizzio) y otras tres personas vinculadas con Lozada.
Se sabe que Lozada Neyra “vende facturas de sus empresas”, varias de ellas vinculadas con el PRI. Algunas llegaron de manera anónima a este semanario, pero no se publicitan por tratarse de datos privados. Este asunto tendrá que abordarlo el IFE.

domingo, 29 de julio de 2012

El descaro del PRI

El Partido Revolucionario Institucional justifica haber guardado silencio y negar cualquier vínculo con Banca Monex durante la campaña presidencial y en los días posteriores a la pasada elección del 1 de julio, simplemente porque la autoridad no le requirió pronunciarse sobre el tema. 


Para el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, la omisión es válida, pues para eso está la etapa de las denuncias electorales. Antes, nada, ni la ética, los podía obligar a abrir la boca. 


Y no lo hicieron. 

viernes, 13 de julio de 2012

Financiación de campañas "ejemplares"

Dr. Metro

Esta situación post electoral y esta observación ciudadana han hecho de estas elecciones algo trascendental en la historia política de este país. La "participación excepcional" diría la cabeza del PRI Joaquín Coldwell, la "innegable, legítima y contundente victoria" en palabras del copetudo candidato; en otras latitudes ya hubiesen sido motivo de clara conciliación nacional, y como es posible verificar con las marchas del pasado 7 de Julio, con las impresiones por doquier en medios electrónicos o en la misma calle: no lo es.

Esta percepción de descontento y desconfianza entre el pueblo de México y entiendase por pueblo todos aquellos que no somos participes de aquel 3% que dominan la economía y poder del país, se ha venido acrecentando, "inflando" con la aparición de dos empresas fantasma (hasta ahora): Inizzio y Efra.

jueves, 12 de julio de 2012

Solicitó la Fepade información sobre operaciones de ese banco y Soriana


■ Se indaga presunta compra de votos vía tarjetas


■ Pide la Fepade informes a CNBV y SHCP

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información relacionada con el banco Monex, Grupo Comercial Inizzio, Comercializadora Epfra y Soriana para esclarecer el presunto financiamiento ilícito para la compra de votos en favor del PRI, relacionada con la elección presidencial vía la emisión de tarjetas.

Asimismo, señaló que los resultados que arrojen estas indagatorias no son vinculantes con las decisiones que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en cuanto a la calificación de los comicios, informó la titular de esa fiscalía, Imelda Calvillo.

Puntualizó que la Fepade requiere del apoyo de la sociedad para determinar, mediante testimonios, los casos en los cuales las tarjetas de Soriana o Monex orientaron el voto en favor de algún candidato o partido político, de lo contrario no se podrá consignar ningún expediente ante jueces federales.

“Ningún delito electoral se considera grave”

Calvillo Tello explicó que en el Código Penal “ningún delito (electoral) es grave, ésa es la realidad. Por eso los presuntos responsables pueden obtener su libertad bajo fianza”.

–¿Qué requiere la Fepade para consignar los expedientes por esos ilícitos?

–Acreditar los delitos; no podemos decirle al juez: “tengo estas denuncias anónimas o que me hicieron estos candidatos o esos representantes de partido en contra de tal o cual persona”. Debemos contar con los testimonios.

–¿La fiscalía puede acusar a una empresa o a un partido?

–Solamente a una persona física, no a una organización. Si estuviera señalada una persona moral, esa empresa tiene un responsable, un representante legal o un gerente, y él será el que tendrá que responder ante los señalamientos o ante las conductas que se pudieran estar cometiendo.

–¿Y en los casos concretos de Soriana y Monex?

–Tenemos una denuncia que se está integrando por el caso Monex, que nos hizo llegar el Instituto Federal Electoral (IFE), y ninguna de manera directa por parte de partidos políticos o ciudadanos en el caso de Soriana, pero la Fepade la inició de oficio y se está allegando todos los elementos para determinar si hubo delitos electorales.

“Al igual que en el caso de Monex, la fiscalía ya solicitó información a la CNBV, la SHCP y otras instancias que nos puedan aportar elementos para continuar con las investigaciones. Para nosotros es importante que los ciudadanos o los institutos políticos afectados acudan con el Ministerio Público, se presenten y si tienen o cuentan con evidencias, las hagan del conocimiento de la Fepade y no sólo del IFE.”

–¿Ya han acreditado que en los casos de Monex y Soriana se hubieran comprado votos?

–Es el señalamiento que está dentro de las denuncias; no es que Soriana le haya pedido a la gente que tenía las tarjetas o Monex les haya pedido que votaran o se abstuvieran o que votaran por determinado candidato, pero en estos casos puede haber una responsabilidad; habrá que demostrarlo.

–Y en caso de que pudieran acreditar que esas tarjetas sirvieran electoralmente, ¿cómo se va a demostrar que incidieron en el voto de los ciudadanos?

–Necesitamos de la ciudadanía, de los partidos, testimonios, declaraciones.

–Si nadie declara, ¿la investigación estará en riesgo?

–No es que esté en riesgo, es un elemento indispensable porque podemos tener las documentales, las periciales, pero debemos acreditar todos los elementos necesarios que establece esta conducta delictiva, porque no podemos decirle al juez: lo más seguro es que pasó así o pudo haber pasado de esta manera; por eso son muy importantes los testimonios directos.

–¿Los resultados de las averiguaciones previas podrán determinar si se declaran nulas las elecciones?

–No son vinculatorios, los dos son procedimientos distintos. En todo caso, eso corresponde al TEPJF. En caso de que lo solicite el tribunal, tendríamos que entregarle información de nuestras indagatorias y son ellos (los magistrados) quienes tienen la decisión.

Nota: Esto podría significar la evasión de la FEPADE (evasión de responsabilidades) y también habría que poner atención si dichas facultades fueron diseñadas para solo dejar la decisión en manos de un tribunal cuyos magistrados han sido francamente irresponsables y han tomado ciertas inclinaciones respecto al proceso electoral en curso, lo que nos pone a pensar (dudar) en la "honorabilidad" (adjetivo sin valor para instituciones mexicanas) de dicho tribunal.

Indicios de lavado de dinero con las tarjetas de Monex


Roberto González Amador
■ Asegura la CNBV que “está haciendo su trabajo de supervisión”, pero protegiendo el secreto bancario

■ Mediante dos empresas fantasmas transfirió recursos a la campaña de Peña Nieto

La operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex “encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero”, aseguraron especialistas.

En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que “está haciendo su trabajo de supervisión”, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.

Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.

Compañías facilitadoras

Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.

Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas.

“La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero”, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año.

“Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades”, dijo a este diario.

Apuntó: “Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI”. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto “se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero”.

La Jornada trató de obtener este miércoles la postura de Monex respecto de los señalamientos hechos por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, así como su respuesta al señalamiento, documentado, de que ese banco emitió facturas a dos empresas cuyos domicilios fiscales no corresponden a las compañías Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra.

Una telefonista dijo llamarse Angélica Rivera

. Sin embargo, no quiso proporcionar el nombre de “vgomez” o su extensión telefónica. Se envió el correo electrónico a esa dirección, pero no hubo respuesta.

La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera.

“La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades en materia de supervisión, de que se cumplan las reglas de lavado de dinero, de que mes a mes las operaciones relevantes (en las que se sospecha que hay indicios de lavado) y todo lo que tiene que ver con las reglas de lavado se cumpla. Eso sí es atribución de la comisión”, respondió.

Para dar cumplimiento a esa obligación, abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo “nunca jamás” ha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario. Las sanciones, cuando hay un incumplimiento a las normas contra lavado, sólo se hacen públicas una vez que “están en firme”.

–En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a “conocer a su cliente” (tener un expediente donde sean corroborados todos sus datos). ¿Estos indicios no son suficientes para investigar?

–El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.

La comisión lleva a cabo labores para supervisar a intermediarios

“Lo que puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace siempre su trabajo en materia de supervisión a intermediarios. Cuando hay algún tema en específico, la CNBV entra y lo revisa. No puedo estar dando información al respecto.”

–¿No puede confirmar o negar que se están investigando las operaciones de Monex con estas dos empresas?

–Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero.

En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideran “vulnerables” al movimiento de recursos fuera de los circuitos legales y supervisados por las autoridades, entre los que menciona “la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como de cheques de viajero”.