"Los comicios para la renovación de alcalde del 13 de noviembre de 2011, fueron cancelados por antidemocráticos"
No es una hipótesis. En México ya sucedió.
Una elección puede ser anulada si se demuestra que se violaron los principios constitucionales para que un proceso electoral pueda ser calificado como auténticamente democrático.
El antecedente es muy reciente. La elección para la renovación de alcalde en Morelia, Michoacán, celebrada el 13 de noviembre de 2011, fue anulada el 28 de diciembre del mismo año por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Toluca.
Los comicios se repitieron el pasado primero de julio.
“De presentarse casos en los cuales las irregularidades acaecidas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, evidentemente ese acto o hecho, de afectar o viciar en forma grave y determinante al proceso comicial atinente, podría conducir a la invalidez de la elección por ser contraria a la Constitución.
“De presentarse esta situación, es claro que el proceso sería inconstitucional y esa circunstancia devendría suficiente para tornarlo ilícito, al contravenir el sistema jurídico nacional, con lo cual no podría generar efecto válido alguno”, sostuvieron Santiago Nieto Castillo y Carlos Morales Paulín, dos de los tres magistrados que integran la Sala Regional, en el texto de la sentencia.
Y en consecuencia, resolvieron decretar “la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán, celebrada el 13 de noviembre de dos mil once”.
Y revocar “la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría expedidas a favor de la planilla registrada en candidatura común por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde”.
¿Por qué se anuló?
Las razones de los magistrados podrían sonar nimias si se les compara con la magnitud de los agravios que AMLO expresó en la demanda que presentó ayer ante el Tribunal Electoral.
Y es que hubo dos faltas graves que llevaron a los magistrados de la Sala Regional a anular la elección michoacana.
Por una parte, el candidato priista a la Alcaldía, Wilfrido Lázaro Medina, apareció indebidamente durante cinco minutos en un canal de televisión de paga local.
Por la otra, el boxeador Juan Manuel Márquez lució un logo del PRI en una pelea un día antes de la elección.
Por ello, la Sala Regional del TEPJF resolvió que el PRI, “a pesar de estar constituido como una entidad de interés público, vulneró dispositivos constitucionales y trastocó los principios de equidad, certeza y legalidad, rectores de todo proceso electoral, no obstante que al tener dicho carácter, se encuentra obligado a observar y cumplir la Constitución y la ley”.
El voto libre
Para el Tribunal, “la transmisión de propaganda electoral y política en análisis, sin duda generó efectos negativos que atentan en contra del principio de la libertad del voto, en tanto que pueden constituir un factor determinante que influya en el ciudadano para orientar su elección electoral”.
Como consecuencia de ello, la elección no pudo ser libre, como lo prevé la Constitución, razonaron los magistrados.
Y es que las elecciones libres, según se expresa en la resolución del Tribunal, “se dan cuando se ejerce la facultad natural del sufragante de dirigir su pensamiento o su conducta según los dictados de la razón y de su propia voluntad sin influencia del exterior”.
Hay que decirlo también. Un elemento fundamental para los magistrados Nieto Castillo –ponente en el asunto– y Morales Paulín fue determinar “si la infracción resultaba cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección impugnada”.
Y es que en el caso de los comicios de Morelia, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 2 mil 317 votos.
¿Podrían esas nimias infracciones haber influido en el juicio del elector, desequilibrar la equidad de la contienda y revertir los resultados?
Para los magistrados, sí. El principio de certeza y equidad estaba en juego, y por exagerado que parezca, decidieron anular la elección.
Ayer, López Obrador y el Frente Progresista demandaron la invalidez de la elección presidencial del primero de julio.
Si prueban sus agravios y demuestran que los resultados se habrían revertido de no haber ocurrido esas infracciones, debería anularse la elección. Sin embargo, ¿se atreverán a hacerlo los magistrados del Tribunal? Y si no... ¿qué opciones tienen los inconformes?
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