La cuenta de Scotiabank que el Movimiento Progresista exhibió como presunta prueba de que Luis Videgaray se prestó para triangular multimillonarios recursos públicos a favor de su jefe Enrique Peña Nieto hizo reaccionar de inmediato al coordinador de la campaña priista. La misma reacción tuvo el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Independientemente de lo que las autoridades electorales decidan investigar al respecto, lo cierto es que el lodo no deja de aflorar en las alcantarillas del PRI.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si bien una de las líneas de investigación sobre el origen del raudal de dinero presuntamente triangulado por el PRI antes y durante los comicios presidenciales del pasado 1 de julio para la compra de votos es la emisión de facturas que varias empresas exhibieron a favor de Monex, hay otra ruta: las transferencias bancarias en las que, según la izquierda, está vinculado Luis Videgaray Caso, coordinador de campaña del priista Enrique Peña Nieto.
El jueves 2, el senador Ricardo Monreal Ávila –coordinador de la campaña de López Obrador– declaró que desde 2005 Videgaray ha manejado recursos públicos “no siempre de manera lícita”. Agregó que el colaborador de Peña Nieto tiene la cuenta 038008006935 en Scotiabank, aunque en los estados de cuenta en papel también aparece como titular el gobierno del Estado de México. Es decir, hay dos cuentas con un mismo número, aunque con diferentes titulares, lo cual es inusual.
Lo que llama la atención es que los estados de cuenta revisados en la página electrónica del banco, copia de los cuales obtuvo Proceso, tienen como fecha de corte el 25 de julio, casi un mes después de la elección. De acuerdo con los documentos, hasta esa fecha el saldo era de 50 millones 202 mil pesos.
Y aunque no se registró ninguna transacción, los dos días anteriores fueron depositadas y retiradas en esa cuenta cantidades similares, manteniendo el saldo de 153 mil 186 pesos, según los documentos.
El jueves 2, Videgaray escribió en su cuenta de Twitter que eso era “absolutamente falso”. A su vez Scotiabank emitió un comunicado de dos párrafos en el cual negó que el diputado federal con licencia estuviera registrado como administrador de la cuenta 038008006935.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 27 de julio de 2012, p. 20
Viernes 27 de julio de 2012, p. 20
Las autoridades del país deben tomar acciones
concretas para asegurar justicia en el caso de los abusos sexuales
cometidos contra mujeres en San Salvador Atenco en 2006, y no sólo
fingir que lo hacen cuando deben comparecer ante organismos que
cuestionan su actuación y les piden cuentas, afirmó Amnistía
Internacional (AI) en una carta enviada ayer al gobernador del estado de
México, Eruviel Ávila Villegas.
En la misiva, Javier Zúñiga Mejía, asesor especial en programas
regionales de la organización de derechos humanos, consideró positivo el
ejercicio de la acción penal contra tres policías implicados en actos
de tortura contra mujeres detenidas –uno de los cuales ya murió–, aunque
al mismo tiempo consideró que el anuncio sólo tiene fines mediáticos, y
levanta serias dudas acerca del compromiso real de las autoridades para asegurar la justicia plena en este caso.
La decisión de emitir órdenes de aprehensión en estas fechas, subrayó el especialista, parece orientada a evitar una crítica severa por parte de los miembros del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), quienes el pasado 17 de julio examinaron el cumplimiento de México en este ámbito.
Además, el hecho de que las víctimas y sus representantes
legales nunca hubieran recibido información sobre las órdenes de
aprehensión de los policías, los cargos en su contra ni las supuestas
consignaciones, es una
AI señaló también que la negación de esta información
omisión grave.
AI señaló también que la negación de esta información
no es meramente técnica, sino parece confirmar las críticas sobre la conducción del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que no recabó de forma debida las evidencias disponibles y se resistió a investigar las denuncias de las mujeres víctimas de abusos.